Regulación a redes sociales, ¿trampa? / LizyLoloy

Debido a la importancia que han adquirido las redes sociales en nuestra vida cotidiana, han surgido diversas controversias relacionadas con los límites a la
libertad de expresión y acceso a la información. No debemos olvidar que éstos son reconocidos como derechos humanos relacionados con los avances tecnológicos y no sólo se refieren a la permisión de hablar o escribir, también a poder difundir lo que se habla o escribe por cualquier medio, respetando en todo momento el bien común.


Hoy más que nunca resulta indispensable legislar respecto a la libertad de expresión en redes sociales, no para coartarla, sino para tener una orientación clara de hasta dónde somos responsables de lo que publicamos, ya que este derecho debe ser limitado en caso de ser estrictamente necesario (cuando fomente la guerra, cuestiones de odio o incitación a la violencia) por ser uno de los pilares de nuestra tan anhelada democracia y al limitarla no sólo se transgrede a la persona como tal, sino también a la sociedad se le priva en su derecho de recibir información.


Algunas legislaciones internacionales señalan que la libertad de expresión puede perder su protección constitucional cuando el contenido tiene capacidad suficiente para inducir en el receptor una respuesta violenta y por lo tanto establecen que esas expresiones no son esenciales para expresar su idea; sin embargo, vivimos en una época que la mayoría de las veces cualquier publicación ofende a por lo menos una persona aún y cuando no esté hecha con “vocablos violentos”.


Actualmente en nuestro país uno puede publicar lo que quiera sin importar si esta información es falsa o se hizo únicamente para dañar a una persona, y
ante esto aún no hay sanción alguna. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que se puede sancionar si se acredita la negligencia y que el emisor tenía conocimiento de que la información era inexacta. Claro está que son elementos subjetivos que está muy complicado acreditar. También ha resuelto que cuando un servidor público usa sus redes para difundir información de interés público y bloquea a un ciudadano, lo está privando del acceso a la información y deberá desbloquearlo.

De igual manera ha proliferado por parte de las diferentes redes sociales la costumbre de suspender cuentas por publicaciones que la misma red social considera ofensivas sin contar con un medio para defenderse el usuario de esa suspensión.


El Senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa ante la suspensión indiscriminada de cuentas en redes sociales, entre los que destaca:

• Considera el acceso a internet como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado.
• Señala que las limitaciones a la libertad de expresión y acceso a la información en el ciberespacio no deben ser establecidos por empresas privadas (twitter, facebook, etc.) sino por el órgano democrático encargado de legislar.
• El 82% de usuarios que utiliza internet lo hace para acceder a las redes sociales.
• La iniciativa va encaminada a facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para establecer límites claros a los propietarios de redes
  sociales respecto a la suspensión y eliminación de cuentas para aportar seguridad jurídica a los usuarios y prestadores del servicio.
• Propone que las redes sociales incluyan un mecanismo para recibir las impugnaciones de los usuarios por suspensión o eliminación de cuentas o perfiles y en caso de no obtener respuesta el Instituto podrá atender esas quejas.
• Se sigue permitiendo el uso de algoritmos para suspender cuentas o eliminar contenidos dada la cantidad de usuarios, pero lo prohíbe para cancelaciones definitivas.
• Establece sanciones económicas en caso de incumplimiento.
• Las personas físicas o morales que presten servicios de redes sociales, para continuar realizando su actividad, deberán solicitar su autorización.

Esto no apenas es un proyecto pero se debe tener mucho cuidado, porque en caso de aprobarse, si las personas que prestan el servicio de redes sociales
no cumplen con los requerimientos antes mencionados, podrían llegar a ser vetados y de esta manera se iría limitando nuestra libertad de expresión y
acceso a la información al no permitirnos el conectarnos a redes que estarán prohibidas en nuestro país. No considero para nada bien intencionada esta iniciativa.

La opinión de: Elizabeth Loyola Gómez, Asesora Jurídica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Catedrática de la Universidad Cuauhtémoc, Integrante de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Aguascalientes y Doctorante en Derecho por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes.